Con una oferta de 26,500 plazas vacantes a nivel nacional el proceso se inició “viento en popa” hasta que participar del proceso para muchos docentes fue una experiencia amarga llena de corrupción.En teoría los lineamientos y procedimientos del concurso público suenan bien. Guardan relación con los postulados de una evaluación integral, la autonomía institucional muy concordantes con las retóricas del pensamiento educativo dominante.
En la primera fase como todos sabemos, la evaluación nacional escrita propiciada por el mismo Ministerio de Educación perdió seriedad y transparencia al aparecer hasta tres calificativos sobre el rendimiento de cada docente.
La segunda fase denominada institucional que en sus intenciones parecía ser más democrática y participativa se convirtió en un proceso corrupto y escandaloso, lo que nos hace pensar que el magisterio no está preparado para transparentar procesos y que nuestras instituciones rectoras de la educación como el Ministerio de Educación no entienden los complejos procesos que se presentan en la educación peruana.
Se han alterado títulos y diplomas de segunda especialidad, y ni que decir de los certificados de capacitación, comprados en el mercado negro con lo que sumar puntos para muchos postulantes no fue problema. Lo más escandaloso es que muchos comités de evaluación usaron estratégicamente la entrevista personal y las clases modelo para favorecer a sus docentes preferidos.
Hay médicos del sector Salud que se prestaron a las ofertas corruptas de algunos postulantes para obtener certificados de discapacidad. Ya que la norma bonifica con el 15% del puntaje final.
El proceso por lo tanto, es uno de los más viciados de todos los que se conocen hasta ahora, ¿y quién es el mayor perdedor de todo este proceso? El estudiante peruano en general. Con una selección cuestionada de maestros y con un Ministerio de Educación que legitima estos actos. Sin duda la transparencia en Educación está lejos de ser una realidad.
Por Walter Paz Quispe Santos
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