En el debate que se dio antes de la aprobación de la Ley de Reforma Magisterial, nuestra opinión fue seguir implementando la Ley de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y modificar, al mismo tiempo, todo aquello que fuese pertinente para mejorarla.
También expresamos que la nueva Ley de Reforma Magisterial (LRM) posterga el reconocimiento efectivo e inmediato de los méritos y es muy compleja su implementación, sobre todo en lo referente a las evaluaciones, por traer consigo ocho escalas magisteriales. Sin embargo, la ley ha sido promulgada, y hay que apoyar su implementación para que tenga éxito en su desarrollo financiero, administrativo y técnico-pedagógico. Por eso me permito plantear, para avanzar, lo siguiente:
Se debe tener en cuenta que hay especialistas que sostienen que esta norma sería inconstitucional porque no respeta los regímenes laborales, con sus respectivos derechos, a los cuales concursaron los educadores. Por eso, debe constituirse un equipo profesional de alta calidad para asumir la defensa de la ley.
Por otro lado, para incorporar en tres años progresivamente a 55 mil maestros a la Ley de la CPM hubo dificultades. Por ejemplo, las DRE y las UGEL no siempre tienen actualizados los datos laborales de los maestros; muchas direcciones regionales formulan presupuestos insuficientes para cubrir los incrementos; y la mayoría de las UGEL demoran la expedición de las resoluciones para oficializar el paso de cada docente al nuevo escalafón. Esto bloquea la presentación detallada, por parte del Minedu, de todo el expediente exigible por el Ministerio de Economía para transferir el dinero a las regiones que permita, recién, pagar a los docentes. ¿Estará todo esto listo para que los 250 mil maestros pertenecientes a la LRM puedan recibir sus nuevos haberes a fines de enero -como se les ha prometido- de acuerdo con la nuevas escalas? Por ello es que el Minedu debe darle alta prioridad a los procesos de gestión de la reforma. Aunque, previamente, debe emitir el reglamento de la ley.
Además, si se ha programado dos evaluaciones excepcionales para reubicar, este año, a 80 mil maestros de la III a la VI escala, es indispensable tener claridad sobre los lineamientos, procedimientos, criterios, indicadores y calificativos para llevar adelante estos complejos procesos. Igualmente, sobre la logística, así como los recursos técnicos y humanos que son fundamentales para la realización de las diferentes evaluaciones, teniendo en cuenta las modalidades, niveles educativos, formas, ciclos y especialidades de los profesores.
Finalmente, considerando que una de las críticas esgrimidas por las actuales autoridades del Ministerio de Educación para desactivar la CPM y que surja la LRM, ha sido y es que no se aplicaron evaluaciones de desempeño, resulta pertinente preguntar: ¿cuál es ese plan operativo de la evaluación de desempeño? ¿Quiénes y cómo lo aplicarán en los próximos meses?
Diario Correo
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